Por Gustavo G. Regner, Gerente en BDO Becher, responsable de la práctica de Fraudes, Investigaciones & Disputas (FID), www.bdobecher.com

En los últimos meses nos han preguntado con insistencia si el fraude se ha incrementado o si los casos reflejados en los medios son producto de mayores y mejores investigaciones. Enron, Madoff Securities, WorldCom, Meinl European Land, Satyam Computer Services, Stanford International Bank, Societe Generale, DMG en Colombia y tantos otros aquí y allá han provocado más de una ley y/o regulación tendiente a evitar (o al menos atenuar) la ocurrencia del fraude corporativo. Países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón y últimamente China, han comenzado a exigir a las empresas que presenten, junto a sus estados financieros, un informe sobre la adecuación y eficacia de su sistema de Control Interno.
Sin embargo más y más regulaciones parecen no frenar la creciente ola de fraudes. Tal es la situación que una coalición de abogados, que representan a unas 10.000 víctimas de Madoff de todo el mundo, han sugerido la creación de una corte internacional para entender en cuestiones de fraudes que trasciendan las fronteras de los países.
Esto es entendible pues hoy con solo un clic millones de dólares son transferidos entre cuentas bajo distintas jurisdicciones.
Puertas adentro de las compañías el panorama no es más alentador. La realidad económica hace que existan mayores incentivos para cometer fraudes: sueldos que no alcanzan, despidos inminentes, recortes de beneficios, controles deficientes, penalidades ausentes, cierta desidia de los responsables de controlar o fiscalizar, etc. Esto se traduce en que el fraude, de acuerdo a como se esperaba, aumente. Por ejemplo en el Reino Unido, el primer semestre del 2008 reportó pérdidas del orden de USD 1.200 millones, mientras que el mismo periodo del 2009 reflejaba USD 1.600 millones, esto es, un incremento de más de 30%. En Estados Unidos se calcula que se pierden al año unos USD 600.000 millones, según cifras de la ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados). En ese mismo país y en promedio, las empresas pierden el 6% de su facturación a manos de los defraudadores, siendo la actividad delictiva más común la malversación de fondos.
Aun con estos datos, es difícil establecer cifras globales definitivas pues son pocos los países que llevan registros confiables respecto de este problema. Existen organismos que miden los niveles de transparencia en la práctica de los negocios, como por ejemplo, Transparency International, que en su informe del 2008 indicaba que Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia compartían la mejor puntuación, en términos de buenas prácticas, y las seguía Singapur. Al final de la lista se ubicaba Somalia precedida, por una estrecha diferencia, por Irak, Myanmar y Haití. A nivel regional, Colombia y Chile superan apenas la media de 5 puntos sobre 10, estando el resto muy por debajo de este parámetro.
¿Y en Argentina? Dependiendo de la encuesta que se lea, podremos situar el daño por fraude en $ 15.000 millones o $30.000 millones (en pesos) y lo habrían sufrido entre el 20% o el 80% de las empresas de nuestro país ¿Cómo se explica semejante disparidad? Un dato aportado hace unos 4 años por la AFIP puede arrojar luz sobre el particular.
En esa oportunidad, una encuesta dada a conocer por ese organismo daba cuenta de que el 85% de los empresarios criollos consideraba que el fraude era un problema significativo para las empresas en general, pero sólo el 32% reconocía que era un dolor de cabeza en sus propias organizaciones. En nuestro país el nivel de prevención es bajo y cuando se descubre son escasas las medidas de investigación y menos aun las que finalicen en causas judiciales, pues no está difundida la conciencia de que el fraude le resulta carísimo a la empresa.
A nivel regulatorio local, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires están alcanzadas por la Resolución 516/2007 de la CNV, que establece pautas de gobierno societario, aunque la misma no es de aplicación obligatoria. En cuanto a la práctica fraudulenta más común, los diversos sondeos han arrojado un dato interesante, pues el robo de información se ubica al tope del cuadro, seguido por la sustracción de activos y la connivencia entre empleados y proveedores.
Si sumamos un marco regulatorio en descrédito, empresas que no asumen su responsabilidad de prevención y control, defraudadores cada vez más osados (y capacitados) obtenemos una combinación peligrosa para la continuidad de los negocios en nuestro país. Si comparamos los niveles de pérdida por fraude con los márgenes de ganancia, entenderemos que prevenir y combatir el fraude debería estar fuera de toda discusión.

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